En Busca de una Ley Electoral Equitativa: El Llamado a la Acción de los Ciudadanos

Escrito por: María del Carmen Aceña

Guatemala, 23 de abril del 2024

La semana pasada el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) luego de realizar un ejercicio de consulta con miembros de sociedad civil, académicos y políticos como lo manda la ley por medio de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) donde se hicieron propuestas y se discutieron temas para mejorar la ley luego del complejo proceso electoral del año pasado.

El TSE diseñó una metodología de seis ejes con distintos temas y durante seis días, por cuatro horas, se discutieron los distintos puntos de vista y propuestas para cada uno de los temas. No se trataba de llegar a consensos, sino exponer los puntos, escuchar y deliberar. Había un moderador y un secretario de la institución que registraban lo acontecido en la mesa luego a lo largo de las discusiones y los puntos abordados.

Había buenas expectativas, pero luego de un análisis, las propuestas presentadas el 17 de abril como resultado de la CAME se considera que el texto quedó incompleto, no es integral y algunas propuestas favorecen a grupos, sin fortalecer el proceso electoral, a la institución y los órganos temporales. Dos novedades, empadronamiento automático y listas abiertas para elegir diputados distritales, pero incluyeron el elemento de la paridad -mujeres e indígenas- lo que no tiene sentido y además no fue nunca consenso en las mesas por el principio respetando el artículo 136 de la constitución, de elegir y ser electo. Se sugieren más recursos financieros para el TSE sin mérito (asignación de 2% del presupuesto anual -aproximadamente más de Q 2,300 millones- lo que exagerado) desligan a la Contraloría General de Cuentas de su función de fiscalización, al igual que al Ministerio Público de lo Penal y le pasan mucha responsabilidad a la Unidad Financiera del manejo de recursos. Además, presentan temas que merecen reformas constitucionales que posiblemente no estarán en discusión y no mejora la fiscalización para los partidos políticos. No se conoce qué realmente salió de la CAME y qué artículos fueron propuestos directamente por TSE. A pesar de recibir más de mil propuestas y tener hasta mayo para su entrega, apresuraron el trámite

Claro está que los magistrados del TSE se encuentran en una situación complicada, ya que en medio del estudio de estas propuestas y presentar reformas para modernizar el sistema electoral, están involucrados en procesos penales llevados por el Ministerio Público (MP) y actualmente dos de ellos ponen a los magistrados y algunos suplentes en la mira del Congreso de la República.

Es de recordar que el 30 de noviembre 108 diputados les quitaron el derecho de antejuicio a cuatro magistrados titulares del TSE para iniciar una investigación por dudas acerca del proceso de compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

A partir de marzo, estos magistrados titulares enfrentan un proceso penal por fraude en la compra del sistema de transmisión de datos de las elecciones 2023. Se les otorgaron medidas sustitutivas, como arresto domiciliario y presentación mensual ante el MP. También se impuso una caución económica de Q100 mil. Los magistrados planeaban regresar a sus funciones al TSE, sin embargo, el 5 de abril el MP apeló las medidas sustitutivas otorgadas a los magistrados, la caución de Q100 mil y la continuación en sus cargos. La Sala decidió que los magistrados no pueden seguir en sus funciones hasta resolver su situación legal, además de imponer una caución de Q700 mil y prohibirles comunicarse con empleados del TSE. La resolución también revocó la falta de mérito para Irma Palencia por abuso de autoridad.

Adicionalmente se solicitaron dos antejuicios: 1) El 227-2023, dirigido contra los tres magistrados Irma Elizabeth Palencia, Mynor Franco, y Álvaro Cordón, está relacionado con la inscripción de Manuel Baldizón, quien buscaba una curul con su partido CAMBIO. Sin embargo, días después, esta inscripción fue cancelada para la contienda electoral. Y 2) el 246-2023, involucra a los cinco magistrados titulares del TSE, y se centra en la oficialización de los resultados electorales presidenciales. La denuncia penal fue presentada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que no obtuvo la victoria en dichos comicios. A partir del 16 de abril se formaron dos pesquisidoras en el Congreso con el fin de dar su recomendación si procede o no el retiro de antejuicio, que el pleno tendrá que ratificar.

Pero para mayor complejidad, resulta que la comisión de Asuntos

Electorales del Congreso cuenta también con una iniciativa de ley para reformar la LEPP. La iniciativa No. 6332 presentada por un grupo de diputados especialmente de la UNE, destaca varios puntos críticos. Se propone aumentar el financiamiento para los partidos que pasen a segunda vuelta electoral, así como elevar el techo de gastos de campaña. Sin embargo, también se plantea restringir la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y eliminar la posibilidad de cancelación de partidos por infracciones financieras. Otras propuestas incluyen dar a los fiscales nacionales acceso a sesiones del TSE y permitir la remoción discrecional de magistrados por parte del Congreso. Se señala una discrepancia en los periodos de capacitación para las Juntas Electorales y las Juntas Receptoras de Votos. Estas reformas podrían ampliar los privilegios de los partidos dominantes y reducir la transparencia en los procesos electorales, lo que podría facilitar el lavado de dinero y el uso de fondos ilegítimos.

Lamentablemente se perdió la oportunidad por medio de la CAME de contar con una propuesta en común con poco puntos o reformas, pero torales e integrales. Faltó visión y posiblemente una metodología distinta para la discusión y sistematización de las propuestas más importantes hubiera sido más efectiva. Una buena propuesta de la CAME hubiera sido clave para contrarrestar el contenido de la iniciativa de los diputados.

Tendremos que ser los ciudadanos quienes demos la batalle ante la Comisión en el Congreso. De nuevo distintos sectores llevarán su agenda y será difícil, aunque no imposible, contar con una buena iniciativa para cambiar la LEPP. Se requerirá de apertura de la comisión y escuchar a distintos actores para que cumplan su mandato de representación de los ciudadanos. Es de recordar que la LEPP fue la primera ley en la era democrática (1-86) y ha sufrido muchos cambios, pero no necesariamente mejorara el sistema de partidos políticos ni el proceso electoral. La Ley e demasiado importante para dejarla solo en más de los políticos. Al paso que vamos, en último caso, sería mejor no tacar la ley y fortalecer institucionalmente al TSE de cara a un nuevo proceso; quitar las inconsistencias y trabajar para dejar de judicializar la política.