La SAT quiere violar más la Constitución (Versión extendida)

Escrito por: Jorge Jacobs @jjliber

La Superintendencia de Administración Tributaria —SAT— presentó esta semana tres estudios sobre los impuestos que, según ellos, se dejan de pagar en Guatemala. Los estudios solo fueron la antesala para el verdadero objetivo de la conferencia: una nueva propuesta de reforma fiscal que incluye, por sobre todo lo demás, la eliminación completa del debido proceso y los límites al poder. La SAT quiere poder ver sus cuentas bancarias sin tener que pedirle permiso ni siquiera a un juez que, generalmente, está de su lado. ¡Qué de al pelo!

El primer estudio trata sobre el “gasto tributario”, que básicamente es lo que los burócratas de la SAT piensan que el gobierno deja de cobrar debido a exenciones tributarias y a subvenciones. Según ellos, si se quitan esas exenciones, sus arcas se llenarían. Esa es la misma mentalidad de algún otro genio de la SAT que hace algunos años pensó que, si se le quitaba la exención de zona franca a algunas industrias, estas se saldrían de las zonas francas, construirían una fábrica del otro lado de la calle y pagarían todos los impuestos que antes no pagaban. Como era de esperarse, esas industrias que fueron echadas de las zonas francas se cambiaron, pero no al otro lado de la calle, sino que al otro lado de la frontera. Unas se fueron a Honduras, otras a El Salvador y algunas otras a Costa Rica o Panamá. Pero los burócratas de ahora dicen que están conformes con “sacrificar” esos Q17 mil y pico millones que estiman es el gasto tributario, con tal de que haya algún beneficio en el país. Quisiera creer que aprendieron la lección de la reforma huérfana —porque luego del estrepitoso fracaso, todos la negaron y después resulto que nadie la propuso ni nadie la aprobó—, pero realmente lo dudo, quizá es solo temor.

Los otros dos estudios tratan sobre el “incumplimiento” fiscal, que supuestamente es lo que las personas no pagan de impuestos —el IVA y el ISR— que deberían de pagar. En este caso la situación se pone más turbia porque los burócratas de la SAT meten en la misma canasta tres cosas que ellos consideran “incumplimientos”: subdeclaración involuntaria, evasión y elusión. El problema aquí es que mezclan la evasión fiscal —que sería una forma de pagar menos impuestos de los que se deberían pagar, saltándose la legislación— con la elusión fiscal —que es una forma legal de pagar solo los impuestos que se tienen que pagar, y no más—. Es decir, están mezclando dos cosas completamente opuestas, y todavía tienen el cinismo de decir que no pueden determinar qué porcentaje es de cada uno. Así como podría ser una mezcla del 10 por ciento de evasión y el 90 por ciento de elusión, podría ser todo lo contrario, y eso sin ser cantinflesco.

La trampa principal aquí es mezclar algo completamente legal, con algo ilegal, y tratarlo todo como malo. Una cosa es que a los burócratas de la SAT no les guste la elusión y otra muy distinta es que sea ilegal. Lo más descarado es que, por aquello de las dudas, incluyen esa explicación en la conferencia para tener la coartada perfecta. Dicho y hecho, vemos los titulares de los días recientes en varios medios de comunicación hablando sobre los Q45 mil millones de impuestos que supuestamente se están evadiendo, lo que es una mentira. Los medios cayeron en la trampa de la SAT y esta puede lavarse las manos argumentando que eso no fue lo que ellos dijeron.

Al final, el propósito de la treta era justificar sus propuestas de modificaciones con la mentira de todo lo que supuestamente los guatemaltecos están evadiendo de impuestos, y que no se viera tan mal la descarada e inconstitucional propuesta de reforma fiscal. Ya suficientes inconstitucionalidades tenemos con que con el procedimiento modificado hace algunos años, las personas no se enteran de que son investigadas ni tienen la posibilidad de defenderse ante el juez, como para que ahora los tiranos de la SAT quieran volarse de una vez el control judicial y enseñorearse de la vida de todos los tributarios.

El cambio que propone la SAT sobre el acceso a información bancaria sin necesidad de autorización judicial es inconstitucional. En Guatemala, más que un verdadero “secreto bancario”, lo que existe es un debido proceso que requiere que la SAT convenza a un juez de que existen suficientes indicios para revisar las cuentas de una persona. Con las modificaciones a la ley en 2016, esta protección se redujo aún más, eliminando la notificación al investigado y su posibilidad de defensa. No obstante, la intervención judicial sigue siendo un requisito. La SAT se queja de que ese es un proceso muy complicado y que les lleva hasta 6 meses preparar un caso para presentarlo ante un juez.

Solo como corolario pregunto, ¿usted tendría confianza de que un burócrata de la SAT tenga libre acceso a toda su información bancaria?

Uno de los temas más preocupantes de las declaraciones del superintendente es su marcada animadversión hacia el régimen simplificado, argumentando que las empresas utilizan esquemas fiscales “agresivos” para hacer arbitraje entre ambos regímenes, por lo que una de sus propuestas es ir dejando el régimen simplificado. Consideramos que este sería un grave error, que incrementaría no solo los impuestos que pagan las empresas, sino también el costo administrativo de cumplir con las obligaciones tributarias, incentivando a que algunas se vayan del país. Lo correcto es todo lo contrario, como lo vengo proponiendo desde hace mucho tiempo: reducir la tasa del régimen simplificado. De esa manera se incentivaría a más empresas a pasar todas sus operaciones a ese régimen, con lo cual se reduciría considerablemente los costos administrativos de cumplir con el pago de los impuestos y se incrementaría la productividad de la mayoría de las empresas que operan en Guatemala, y hasta la de la SAT misma, que se podría ocupar más en velar porque la mayoría de las transacciones se efectúen dentro de la “formalidad”.

Imágenes: SAT, Banguat.