¿Otro mal consejo al presidente? (Versión extendida)

Escrito por: Jorge Jacobs @jjliber

La semana pasada el presidente hizo un anuncio para demostrarle a la población que su gobierno está haciendo algo para ayudarla. Indicó que se iba a ampliar la Tarifa Social para que abarcara a los usuarios que consumen hasta 100 kilovatios hora —kWh— por mes y que así se iba a beneficiar a más de 3 millones de personas con una reducción de su factura eléctrica de hasta un 80 por ciento. Lamentablemente, el anuncio era, a lo sumo, falaz.

Quiero pensar que al presidente nuevamente le fallaron sus asesores -él no tiene porqué conocer los detalles del mercado eléctrico- y lo embrocaron haciéndole creer que era una gran decisión la que le estaban recomendando tomar y que había que proclamarla a los cuatro vientos. Estas falencias en los asesores, lamentablemente, han sido el pan nuestro de todos los días con esta administración.

¿Cuál es la “falacia” aquí? Para principiar, lo que ampliaron ni siquiera es la Tarifa Social. Esta es una tasa establecida en el decreto 96-2000 para usuarios que consumen desde 1 kWh hasta 300 kWh al mes, que son alrededor de 3.4 millones de familias, cerca del 94 por ciento de los usuarios del país. Como se podrá imaginar por el número del decreto, esta no fue establecida la semana pasada, sino hace casi 25 años. Consiste en un descuento de entre el 4.3 por ciento y el 6.5 por ciento sobre la tarifa normal —Tarifa No Social—.

Ahora bien, existe un beneficio adicional, que no es la Tarifa Social, sino un subsidio que el Instituto Nacional de Electrificación —INDE— da a los usuarios con menos recursos, denominado “Aporte Social INDE”. El Instituto le paga a las empresas distribuidoras una parte del consumo de los usuarios más pequeños, bajo la lógica de que quienes menos energía consumen son los más pobres. El INDE divide el Aporte en dos rangos: quienes consumen hasta 60 kWh al mes, a quienes considera que están en la “extrema pobreza”, y quienes consumen entre 61 kWh y 88 kWh al mes, quienes estarían en el nivel de “pobreza general”. Los primeros solo tienen que pagar Q0.50 por cada kWh y el INDE le paga el resto a las distribuidoras. Es en este caso en donde se puede dar hasta un 80 por ciento de descuento con relación a la tarifa normal. Los segundos, los de la “pobreza general”, pagan poco más de Q0.98 por kWh y el resto lo paga el INDE.

En el rango más bajo hay aproximadamente 1.5 millones de hogares, y en el segundo rango hay unos 600 mil hogares, para un total de alrededor de 2.1 millones de hogares que se benefician de este subsidio, que el INDE paga con los ingresos que percibe por la venta de energía a los demás usuarios. Estos más de dos millones de hogares ya reciben este subsidio desde hace 25 años, período en el cual el INDE los ha beneficiado con más de Q18 mil millones.

El cambio que la administración Arévalo hará es que va a crear un nuevo segmento, los usuarios que consumen entre 89 kWh y 100 kWh al mes. A ellos también se les va a dar un subsidio, todavía indefinido porque no han anunciado cuál será la tasa que pagarán. La diferencia principal es que este subsidio adicional no se pagará con los ingresos del INDE sino con los impuestos que nos quitan a todos los guatemaltecos. Si asumimos que pagarán la misma tasa que quienes están en el rango de entre 61 kWh y 88 kWh, el descuento que tendrán sobre lo que pagan ahora será de entre un 28 y un 55 por ciento. Se estima que en este rango hay entre 175 mil y 200 mil hogares.

En resumen, la medida del gobierno beneficiará a unos 200 mil hogares con una reducción de entre el 28 y el 55 por ciento. Todos los demás, los 2.1 millones que ya se benefician del aporte del INDE y el resto de los 3.4 millones de hogares comprendidos dentro de la Tarifa Social, seguirán exactamente igual que como estaban antes de la decisión de la nueva administración. ¿Para qué poner al presidente en situaciones embarazosas por la pura gana de querer dar la apariencia de que “están haciendo algo”? No lo entiendo.

El punto es que los asesores —tiendo a pensar— se fumaron este esquema, según ellos, para hacer quedar bien al presidente, pero seguro no le explicaron todo lo que implicaba y que, además, estaría “saludando con sombrero ajeno” atribuyéndole a su administración un “beneficio” que ya los pobladores están recibiendo desde hace 25 años. Como este no es el único caso en donde la administración ha quedado en vergüenza debido a las supuestas metidas de pata de sus asesores, se pregunta uno si lo que debería hacer el presidente es cambiar de asesores o por lo menos conseguirse otros asesores “más buzos” que supervisen a sus asesores. Eso es algo que solo el presidente puede decidir, pero, al menos por las evidencias, hasta el momento algunas de esas decisiones han sido desafortunadas.

Indistintamente de todo esto, hay que cuestionar el concepto del “beneficio” que supuestamente representa este subsidio. Por ejemplo, si el INDE ha “beneficiado” a este grupo de personas con Q18 mil millones en los últimos 25 años, ¿no hubiera sido mejor que a) redujera de manera generalizada lo que cobra por la energía que produce, bajando el costo de la energía para todos los guatemaltecos, o b) utilizar ese dinero para construir más plantas generadoras de energía eléctrica que, a la postre, habrían tenido también el efecto de reducir las tarifas para todos?

En la ecuación hay que contemplar que el insumo de la “energía eléctrica” es uno de los más importantes para casi todas las empresas e industrias, por lo que si baja su costo hay más posibilidades de que se instalen más empresas e industrias, mejorando el nivel de vida de los guatemaltecos. Yo estoy convencido de que si el dinero del subsidio se hubiera utilizado para bajar el costo de la energía de manera generalizada, todos los guatemaltecos estaríamos en mejor situación económica y probablemente muchos de los que hasta la fecha siguen “necesitando” este subsidio porque viven en extrema pobreza, ya habrían superado esa etapa. ¿Usted qué opina?

Fotografía: Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de Guatemala