¿Qué tan grave es la crisis del puerto? (Versión extendida)

Escrito por: Jorge Jacobs @jjliber

Como no podía ser de otra manera en Guatemala, esta semana el gobierno y el país enfrentamos una nueva crisis, que ahora tiene que ver con la posibilidad de perder el 25 por ciento del comercio guatemalteco de un plumazo. La crisis es tan seria que el presidente dijo que por ese problema sí cancelaría su preciado viaje a Europa. Las lluvias, las carreteras deshaciéndose, la renuncia del ministro de Salud y otras potenciales crisis, no le quitan el sueño ni le harían desistir de viajar hasta la frontera con Rusia. Pero la crisis del puerto sí.

Esta crisis, para los efectos de este gobierno, empezó el lunes por la noche, cuando un tribunal notificó la nulidad absoluta del contrato de usufructo que la Empresa Portuaria Quetzal —EPQ— firmó con la Terminal de Contenedores Quetzal —TCQ, ahora APM Terminals—. Esta es una noticia vieja, hay que decirlo, pero pareciera que el gobierno actual ni enterado estaba y no se preparó para resolverla. El problema empezó desde que se firmó el contrato, hace una docena de años, pero se ha venido atrasando su conclusión hasta ahora. Por si no lo recuerdan, este es el contrato por el que algunos funcionarios de la administración de Otto Pérez Molina negociaron una mordida de bastantes millones de dólares. El proceso penal en contra de los guatemaltecos responsables todavía está en proceso.

Puerto Quetzal, la instalación portuaria más importante de Centroamérica en el litoral Pacífico, es administrada por la EPQ, la cual firmó un contrato de usufructo oneroso por 25 años con TCQ, durante la administración de Otto Pérez Molina, para la construcción y administración de una terminal especializada de contenedores, con una inversión inicial de aproximadamente USD 225 millones. Luego de que se conociera sobre el soborno inicial de varios millones de dólares para que se cerrara la negociación, la Procuraduría General de la Nación —PGN— revisó el contrato y detectó anomalías, por lo que presentó una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo —TCA— solicitando su nulidad absoluta.

Desde 2,017 el TCA decretó la nulidad del contrato, sin embargo, tomó 7 años recorrer todo el circuito legal guatemalteco, ese que siempre culmina en la Corte de Constitucionalidad —CC—, para que, luego de resueltas todas las acciones permitidas, la CC enviara el expediente de regreso al TCA para que lo ejecutara. Cualquiera con conocimiento del proceso sabía que ya estaba llegando a su fin y que, tarde o temprano, el TCA tendría que terminarlo. A los que agarró por sorpresa es a quienes no tenían idea de lo que estaba pasando,  incluida la actual administración, por lo visto.

Y, ¿por qué es tan importante este proceso? Porque una vez se “ejecute” la resolución, la terminal de contenedores de APM Terminals tendría que dejar de operar. ¿Y eso por qué es complicado? Porque por allí pasa el 25 por ciento del comercio guatemalteco “contenedorizado”. En 2023, Puerto Quetzal manejó 368,726 contenedores, el 40 por ciento de todo el país. De esos, 222,181, el 60 por ciento, pasan por la terminal de contenedores especializada bajo la administración de APM Terminals, es decir, dos de cada tres contenedores pasan por esa terminal.

El proceso de “ejecución” no debiera llevar más de un par de semanas, pero lo más probable es que se intente retrasar más, por medio de uno o varios amparos. El problema es que APM Terminals, aunque ha tenido varias oportunidades de “arreglar” el problema no lo ha querido hacer y su postura ha sido de que se mantenga el contrato o demandarán al Estado de Guatemala para que les indemnice.

Si esa terminal de contenedores se detiene, ocasionará una grave crisis que afectará a todos los guatemaltecos. Usted puede creer que a usted no le afecta porque no es ni importador ni exportador, pero está muy equivocado. Muchos de los productos que usted compra son importados, como los electrodomésticos o la pantalla que tal vez compre para ver los próximos partidos de fútbol. Pero también muchos insumos necesarios para producir localmente otros productos, como la mayoría de los agrícolas y los alimentos, son importados. Los contenedores que ya no se puedan descargar en esa terminal, probablemente paren en algún puerto de México, Honduras, El Salvador o Costa Rica, con lo cual su costo se incrementará considerablemente. Y eso se reflejará en el precio que usted tendrá que pagar por todos los productos y subproductos afectados. Así que a todos nos va a afectar, indistintamente de lo que hagamos.

Hay que tomar en cuenta que hay muchos en el Puerto Quetzal interesados en que APM Terminals deje de operar porque, según ellos, de esa manera tendrán la posibilidad de más ganancias y un mayor control sobre el comercio que pasa por ese puerto. Esto es absurdo, ya que hasta antes de que se conociera la anulación definitiva del contrato el lunes, el foco de atención era sobre la imposibilidad de la EPQ de atender a los barcos que necesitaban cargar y descargar en sus muelles. Si eso sucedía con APM Terminals en operación, imagínese lo que pasaría si esta detuviera sus operaciones.

Regresando al viaje del presidente. Él dijo que si un amparo que supuestamente puso el sector privado prospera en la CC podría despreocuparse de la crisis y viajar tranquilamente. El amparo, en teoría, buscaría detener el proceso de anulación por el tiempo suficiente para que se pueda resolver el tema, ya sea a través de una licitación o de alguna otra negociación. Esperemos que, si el amparo prospera, el gobierno busque una salida rápida de la crisis y no que lo vuelva a dejar al tiempo, hasta que nuevamente nos encontremos a unos días de perder parte de nuestro comercio internacional. Y si no prospera, prepárese, porque el golpe nos afectará a todos.

Fotografía: APM Terminals Quetzal