¿Se puede destituir a un funcionario con una consulta popular? (Versión extendida)

Escrito por: Jorge Jacobs @jjliber

Uno de los temas principales de esta semana ha sido el anuncio del presidente Bernardo Arévalo de estar considerando solicitar una consulta popular sobre la permanencia de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público —MP—. La pregunta del millón es, ¿se puede remover a un funcionario por medio de una consulta popular?

La consulta popular es un mecanismo que permite a los ciudadanos decidir sobre temas de importancia nacional. Es la forma más pura de participación ciudadana, del verdadero “poder soberano”. Ahora bien, hasta este “poder soberano” debe ceñirse a las reglas del juego constitucionales, ya que, de otra manera, sería equivalente a un “golpe de Estado”.

La Constitución de Guatemala menciona tres veces las consultas. La primera establece el “proceso consultivo” en el artículo 173, donde especifica que “las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”. Aquí se indica que el Tribunal Supremo Electoral las convocará a solicitud del presidente o del Congreso. Luego en el artículo 280 se establecen las reformas constitucionales, y en el artículo transitorio 19 la consulta sobre el diferendo sobre Belice, en ambos casos dice que se utilizará el “proceso consultivo” del art. 173.

Durante la vigencia de esta Constitución se han hecho tres “procesos consultivos”, dos sobre reformas constitucionales y uno sobre el diferendo de Belice. En los dos procesos de reformas constitucionales, el de 1994 para la depuración del Congreso, y el de 1999 sobre los acuerdos de paz, participé activamente, quedando del lado ganador en ambos casos. Pero hubo otro proceso consultivo que estuvo a un paso de darse en 1993 que podría tener alguna semejanza con lo que ahora quiere hacer Arévalo. El presidente en ese momento, Ramiro De León Carpio, quería pedir apoyo popular para solicitar la renuncia de los diputados “depurables”, sin embargo, ese fue un proceso fallido del que De León Carpio tuvo que dar marcha atrás.

En 1993 yo tenía apenas un año de haberme iniciado en esta aventura del periodismo. Un amigo, Fernando Morales-de la Cruz, estaba tratando de organizar un “club de columnistas” al estilo del Club Nacional de Prensa de Washington —proyecto que lamentablemente no prosperó— para lo cual nos reunimos un grupo una tarde en una casa de la zona 10. Cuando íbamos saliendo de esa reunión, resultó que había otra reunión “misteriosa” a la cual algunos de los columnistas habían sido invitados. Yo no había sido invitado, sin embargo, varios de los que sí me pidieron que los acompañara. La reunión fue en otra casa de la zona 10 y por algún tiempo yo desconocía el propósito hasta que, más tarde, quedó claro que sería una reunión con el presidente, Ramiro De León Carpio.

De León llegó un tiempo después. Esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de conversar con un presidente; a Serrano Elías solo lo había visto de lejos en alguna reunión. Mi percepción de Ramiro siempre fue de una persona correcta y amable, la cual confirmé en esa reunión. El propósito de la reunión era plantearnos, en primicia, cuál sería la propuesta de consulta popular que haría y pedir nuestra opinión al respecto. Esta era la primera versión, en la que pedía apoyo para solicitar la renuncia de los diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Las dos preguntas eran:

A.   ¿Apoya usted al presidente de la República en su decisión política de pedir a los Diputados Titulares del Congreso de la República que renuncien irrevocablemente?

B.   ¿Apoya usted al presidente de la República en su decisión política de pedir a los Magistrados Titulares de la Corte Suprema de Justicia que renuncien irrevocablemente?

En la reunión había periodistas mucho más experimentados que yo —yo era el “jovencito”— y recuerdo que varios se opusieron a la forma en que se planteaban las preguntas. Algunos plantearon que se debería ser más categórico. Hubo más de alguno que hubiera preferido que Ramiro sacara a los “depurables” a chicotazos del Congreso. Pero eso no iba con el carácter del presidente. Él se limitó a escuchar los argumentos. En ese momento no se hablaba todavía de una reforma constitucional, eso vendría después.

Indistintamente de las opiniones que recibió en la reunión, el presidente siguió adelante con su consulta. La solicitó y el Tribunal Supremo Electoral —TSE— la programó para finales de 1993, sin embargo, las presiones que recibió De León fueron tantas que al final se llegó a una negociación en la cual se harían reformas constitucionales y, como parte de estas, se terminaría anticipadamente el período de los “depurables”. A raíz de esto, el presidente pidió al TSE que se cancelara esa primera consulta que ya estaba en proceso de realizarse.

Luego siguió el proceso de las reformas constitucionales. En ese momento ya nos conocíamos con el Dr. Manuel Ayau y él estaba impulsando que se incluyera entre las reformas la prohibición al Banco de Guatemala de prestar dinero al gobierno. Él me pidió apoyo para ese proyecto, así que yo me involucré en apoyar en mis columnas este cambio —aunque, por añadidura, todos los demás— el que finalmente prosperó y, hasta la fecha es el responsable de la tan mentada “estabilidad macroeconómica” de Guatemala. De no haberse aprobado esta reforma, seguramente ya habríamos pasado varias etapas de hiperinflación, habríamos conocido billetes de “millones de quetzales” y le habrían quitado bastantes ceros al Quetzal, como ha sucedido en tantos países de Latinoamérica. La gran mayoría de los guatemaltecos no tienen ni idea de lo que le debemos al Dr. Ayau.

Mi apoyo no fue solo a esta reforma, ya que también estaba convencido de que se debía cambiar a los diputados “depurables”, por lo que también hice campaña a favor de este tema. Esto también lo ganamos, ya que era un paquete de “todo o nada”, sin embargo, ese fue mi primer encontronazo con la realidad de que, en última instancia, el problema no era de personas sino del sistema. Los “depurables” de aquella época han sido superados con creces por muchos de los diputados que los han seguido.  

Por último, está la consulta popular de 1999 sobre las reformas constitucionales a raíz de los acuerdos de paz. Yo no estaba de acuerdo con esas reformas por lo que me opuse férreamente a ellas. Las reformas tenían todo el apoyo institucional, del presidente Álvaro Arzú, de toda la maquinaria del Estado, de los dos candidatos presidenciales principales para la siguiente elección, Alfonso Portillo y Óscar Berger y de sus partidos, de todos los grupos exguerrilleros, de la “comunidad internacional" que había apoyado los Acuerdos de Paz, mientras quienes nos oponíamos públicamente a las reformas éramos aparentemente pocos y desorganizados. Sin embargo, el día de la consulta popular, ganó el “NO”. Fue una gran victoria, aunque al final, al “establishment” le importó poco la voluntad popular, porque luego implementaron la mayoría de las propuestas de reforma por medio de leyes ordinarias.

Es importante regresar a lo que comenté al inicio de que incluso el “poder soberano” de la ciudadanía debe someterse al imperio de la ley, al “estado de Derecho”, so pena de quebrantar el régimen constitucional. Un ejemplo es que no se podría hacer una reforma constitucional para establecer la reelección presidencial, ya que en la Constitución claramente se prohíbe esta e incluso se prohíbe cambiar el artículo que la prohíbe. Algunos dicen que sí se podría, si primero se cambia el artículo que lo prohíbe, sin embargo, ese argumento confirma que hasta las reformas constitucionales deben sujetarse a las normas.

En este caso, el presidente podría pedir apoyo de la ciudadanía para solicitar la renuncia de Porras, como lo intentó hacer De León, pero, al final, aunque gane la consulta, estaría limitado a pedirle la renuncia, no a destituirla, porque para eso tendría que cumplir el procedimiento que ya establece la ley que básicamente impide esa destitución. Como lo he dicho en incontables ocasiones, yo me opuse a esos cambios, no tanto porque estuviera en contra de Thelma Aldana, sino por el precedente que sentaba y que además se prestaba a que se dieran situaciones como las que ahora estamos viviendo. En todo caso, lo que se debería cambiar es la Ley Orgánica del MP —aunque también está la controversia sobre la retroactividad o no de esos cambios— y para ello no se necesita hacer una consulta popular.

Y si en un hipotético caso ganara la consulta y destituye a la fuerza a Porras, sentaría un terrible precedente con el cual cualquier Congreso podría destituir al presidente por medio de una consulta popular, incluido el mismo Arévalo. ¿A eso se quiere llegar?

Foto: Hemeroteca de Prensa Libre